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Publicar una foto o un vídeo privados sin consentimiento es un delito. Una persona que obtiene un documento de este tipo vulnerando las comunicaciones de otro y lo cuelga en Internet, atenta contra el derecho a la intimidad, el honor y la imagen. Comete, además, un delito por descubrimiento y revelación de secretos (artículo 197 del Código Penal).
El que, para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su consentimiento, se apodere de sus papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualesquiera otros documentos o efectos personales o intercepte sus telecomunicaciones o utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido o de la imagen, o de cualquier otra señal de comunicación, será castigado con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses.
«El día 17 de mayo se celebra el Día Internacional contra la homofobia y la transfobia, coincidiendo con la eliminación de la homosexualidad de las listas de enfermedades mentales por parte de la Organización Mundial de la Salud en 1990. Es por ello que el Gobierno, consciente de que las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales (en adelante LGBTI) sufren aun hoy una fuerte estigmatización por motivos de orientación sexual e identidad de género, manifiesta su absoluto compromiso con la erradicación de cualquier forma de discriminación, odio o violencia por dichas causas, consciente de que amparar y respetar los derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas y por ende, del derecho de la igualdad de trato y no discriminación, es una responsabilidad que el Gobierno asume en cuanto garante de los derechos humanos.
Así, la Constitución española declara en su artículo 10 que «la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social.»
En paralelo, el artículo 14 establece el principio de igualdad y no discriminación y dispone que «los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social».
Asimismo, el artículo 9.2 señala que «corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, cultural y social».
En consecuencia, desde su compromiso con la igualdad como valor superior del ordenamiento jurídico, el Gobierno de España, impulsa acciones concretas tanto en el ámbito nacional como internacional cuyo objetivo es erradicar definitivamente cualquier tipo de discriminación por estos motivos.
En el ámbito internacional, España defiende la aplicación efectiva de las normas internacionales de derechos humanos que se rigen por los principios de universalidad y no discriminación y condena, en todos los foros en los que participa, las violaciones de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales. En efecto, la no discriminación por razones de orientación sexual e identidad de género es una de las prioridades de la política exterior española en materia de derechos humanos.
El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación impulsa numerosas y muy variadas acciones en defensa de los derechos de las personas LGBTI tanto a nivel bilateral con terceros países como en diferentes foros multilaterales.
Así, España participa activamente en el Mecanismo del Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos, suscitando preguntas y articulando recomendaciones dirigidas a aquellos países en los que se detectan violaciones a los derechos humanos de las personas LGBTI y, muy especialmente, a aquellos que penalizan las relaciones homosexuales consentidas entre adultos y criminalizan a las personas por su orientación sexual y/o identidad de género. Desde su creación, en 2016, España ha apoyado y respaldado la figura y el mandato del Experto Independiente de Naciones Unidas sobre la protección contra la violencia y la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género. Desde 2017, somos miembros del LGBT Core Group de Naciones Unidas, una red informal y heterogénea de países, organizaciones internacionales, ONG y organizaciones de la sociedad civil, creada para dar visibilidad y apoyo a las demandas y reivindicaciones de la comunidad LGBTI en el marco de Naciones Unidas.
También en 2017, suscribimos los Principios Fundamentales de la Coalición por la Igualdad de Derechos y desde entonces, participamos activamente en esta nueva estructura intergubernamental para fomentar la cooperación multilateral y el intercambio de información y buenas prácticas en la defensa y promoción de los derechos del colectivo LGBTI, en estrecha colaboración con la sociedad civil.
Conferencia Mundial de Derechos Humanos
El año pasado, en la Universidad Autónoma de Madrid pero con repercusión mundial, se celebró una Conferencia Mundial de Derechos Humanos en el marco de celebraciones del WorldPride Madrid 2017. La confluencia en la ciudad de Madrid del Orgullo nacional, europeo y mundial, brindó una oportunidad única para realizar un ejercicio de reflexión y análisis con el que abordar los desafíos pendientes en materia de derechos humanos de las personas LGBTI en el mundo.
A nivel nacional, el Gobierno es consciente de su responsabilidad y por ello está alineado con la lucha contra la discriminación y la igualdad social por lo que está elaborando la «Estrategia Estatal de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales», cuyo objetivo es el reconocimiento y equiparación de facto de los derechos de las personas LGTBI, y la visibilización de la diversidad por identidad de género u orientación sexual, en línea con los instrumentos existentes en otros países europeos.
Dicha Estrategia, articulada sobre un modelo de elaboración participativa en la que se verán involucrados todos los agentes y actores de la sociedad civil, es la clara apuesta del Gobierno en la lucha contra la discriminación por razón de orientación sexual y diversidad de género, y contendrá líneas directrices de actuación y medidas de ejecución, para que dicha igualdad sea real y efectiva en ámbitos específicos como el educativo, el deporte, o el laboral, entre otros.
Igualmente el Gobierno ha seguido adoptando distintas medidas para garantizar el disfrute efectivo de los derechos humanos por parte de todas las personas, independientemente de su orientación sexual e identidad de género.
Así, a través del Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad se están realizado acciones de formación a profesores y otros miembros de la comunidad educativa, apoyadas en la guía on-line Abrazar la Diversidad: propuestas para una educación libre de acoso homofóbico y transfóbico, que recoge las mejores prácticas en materia de identificación y prevención del acoso, junto a recomendaciones dirigidas al conjunto de la comunidad educativa y una propuesta de protocolo de actuación que pueden utilizar los centros educativos interesados en ello.
Igualmente, y a fin de avanzar en el conocimiento de la realidad de discriminación que sufren las personas por su diversidad de orientación o identidad sexual, se ha realizado un estudio sobre discriminación de personas LGBT en el empleo cuyos resultados ha dado lugar al desarrollo de un importante proyecto público privado con empresas referentes de España y universidades .El mismo recibe el nombre Avanzando en la Gestión de la Diversidad LGTB en el Sector público y Privado, -ADIM- y es un proyecto pionero en España que persigue la expansión de mejores prácticas en diversidad LGTB dentro de las empresas y universidades, obtener el máximo de profesionales en el seno de las empresas y universidades familiarizados y sensibilizados con la realidad LGTB, tanto a nivel gerencial, como mandos medios y equipos de trabajo y generar conocimiento y experiencia en las dimensiones interseccionales de la diversidad LGBT.
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Por cuanto concierne al apoyo a personas que hayan sido víctimas de discriminación, la convocatoria para 2017 de subvenciones con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas ha consolidado la posibilidad de subvencionar programas destinados a fomentar la igualdad de trato y reforzar la asistencia y orientación a víctimas de discriminación, incluyendo la causada por motivos de orientación sexual e identidad de género. Asimismo, las mujeres transexuales se han incluido dentro de los grupos de mujeres beneficiarias de programas de formación de inserción sociolaboral.
Continuando con el trabajo que los diferentes Departamentos Ministeriales llevan a cabo, desde el Ministerio de Justicia se han venido impulsando importantes medidas a fin de garantizar la no discriminación de las personas por motivos de orientación sexual e identidad de género. Destaca especialmente la reforma del Código Penal operada por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo. La misma pretende abordar, entre otros objetivos, la adaptación a la normativa internacional, y ha supuesto una mejora de la tipificación del delito de odio, concretando su contenido.
Igualmente, resulta destacable la labor que desempeña la Fiscalía de Sala contra los Delitos de Odio y Discriminación, que tiene como labor potenciar y optimizar la actividad del Ministerio Fiscal en este ámbito ante la necesidad de ofrecer una respuesta institucional al problema de la discriminación y la situación de desprotección efectiva en que se encuentran las victimas de estas conductas.
También en el ámbito de la Administración de Justicia, es imprescindible mencionar las Oficinas de Asistencia a Víctimas del delito en las que, cualquier persona que sea víctima de un delito, y aun cuando no haya llevado a cabo la interposición de denuncia, puede ser atendido y orientado en la defensa de sus derechos así como ser informada en los diferentes servicios de asistencia y apoyo facilitados por las Administraciones Públicas que le asisten, en atención a los derechos recogidos en la normativa europea y en el Estatuto de la víctima del delito.
En consecuencia, el compromiso del Gobierno con los derechos humanos, y por ende, con la Igualdad se pone de manifiesto con políticas públicas trasversales para con los ciudadanos, cualquiera que sea su orientación sexual o identidad de género y cuyo objetivo final es la inclusión y el ejercicio pleno de sus derechos en condiciones de dignidad, libertad e igualdad.
De esta forma, el Gobierno reafirma su responsabilidad en cuanto máximo aval de los derechos humanos, amparando y garantizando, una sociedad donde la discriminación, la exclusión, la violencia y la alienación por homofobia y transfobia no tengan cabida, pues el principio de la igualdad de trato no admite excepciones, y respetar y garantizar los derechos de las personas LGBTI es crucial para poner fin a la discriminación que sufren».
